La diputada provincial Sandra Montiel presentó ayer lunes en la Fiscalía de Instrucción Nº 1 de Oberá, una denuncia penal ante Mirta García y Nilda Gómez argumentando que las mismas presumiblemente podrían constituir los delitos contemplados en los artículos 210 y 139 (asociación ilícita y promoción de supresión de identidad).
Además en el escrito la legisladora destaca que la acción se enmarca en las actividades que realiza con el propósito de «poner al descubierto y desenmascarar la red delictiva mafiosa que actúa en Misiones y concretamente en Oberá».
Por otro lado se mencionan los proyectos que se han presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia donde buscan modificar el registro de adoptantes, requiriendo que para acceder al mismo se tengan como mínimo cinco años de residencia en la tierra colorada. Además la intención de modificar la ley 1556 Régimen de Empleado Público donde se introduce como motivo se cesantía la participación en el curso de la acción de la comisión del delito de Supresión de Estado Civil previsto en el Código Penal.
Por otro lado el propio intendente obereño Ewaldo Rindfleish admitió que «se le cae la cara de vergüenza» cuando aparecen este tipo de informes y que en la actualidad las dos mujeres involucradas en el caso fueron separadas de sus cargos y puestas a disposición de la justicia.
Rindfleish sostuvo en radio Libertad que están trabajando en Oberá brindando charlas de capacitación, orientación y contención tanto con las familias como con las embarazadas.
«La verdad es que existe una zona gris en la legislación que permite que esto ocurra. Nosotros trabajamos para contener a las madres y familias de necesidad con necesidades extremas. Otras han hecho un negocio de la entrega de sus hijos, esto ya no es por una cuestión de necesidad y por ello tendrán que tener una pena distinta», agregó.
Pruebas contundentes
En el escrito presentado por la diputada Montiel se expresa que el pasado seis de marzo en el canal de programa de Televisión Documentos América de Canal 2 de Buenos Aires, conducido por Facundo Pastor, bajo el nombre de «Fabrica de bebes» se vio a través de una cámara oculta que la señora Mirta García, Radióloga quien presta servicios en el Hospital SAMIC de Oberá ofrece un «bebe» a cambio de una determinada suma de dinero, diciéndole que era su trabajo, que existe una «organización» creada y preparada para lograr que ese futuro «bebe» pueda ser inscripto directamente a nombre del sujeto que inició la gestión y pidió por él, incluso como padre biológico en detrimento u omisión del verdadero progenitor.
Además se evidencia que el primer contacto se complementa con una entrevista con quien aparece como jefa de la organización la señora Nilda Gomez, empleada de la Municipalidad de Oberá, quien expresa tener más de una mamá en condiciones de vender sus bebes, que ella cobra 10.000 pesos y quiere el dinero al contado y por adelantado porque hizo otros negocios y no cobró nada.
También esta señora garantiza que el comprador no tendrá ningún problema, que le entrega el bebe incluso con su apellido, luego hace traer a la madre quien manifiesta de cuantos meses está, el monto de dinero que ella quiere, y pregunta si toda esta situación es «legal».
Así en el escrito se expresa que «en atención a las imágenes difundidas se podría configurar la comisión de un ilícito penal en el accionar y conducta de las denunciadas que facilitan, promocionan e intermedian en los delitos de supresión y suposición de la identidad a través de la venta de bebes, por cuanto se imputa la conducta de ofrecer un «bebe» a cambio de una determinada suma de dinero, diciéndole que era su trabajo, que existe una «organización» creada y preparada para lograr que ese futuro «bebe» pueda ser inscripto directamente a nombre del sujeto que inició la gestión y pidió por él, incluso como padre biológico en detrimento u omisión del verdadero progenitor.»
Seguido se recuerda que esta conducta imputada a las denunciadas se corresponde típicamente con el artículo 210 y 139 bis del Código Penal Argentino.
En tanto cuando se deja constancia que las denunciadas cuentan y son parte de una organización delictiva para cometer cualquier tipo de ilícito penal logrando entregar un futuro bebe inscripto como hijo de quien no es, perjudicando así la identidad personal de ese bebe, su identidad genética al patrimonio genético heredado de los progenitores biológicos, o sea su genoma. El derecho a la identidad se encuentra en estrecha relación con el derecho a la vida, sin el cual no existiría el hombre y con estos hechos las denunciadas atentan contra la verdadera identidad del bebe al facilitar, promocionar e intermediar en los delitos de supresión y suposición de su identidad.
Finalmente se menciona que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que hay derechos que existen antes que el derecho positivo, las garantías de nuestra constitución y los pactos internacionales incorporados refuerzan la noción de dignidad de la persona, y para el caso el bebe tiene derecho a su identidad, jaqueada por las denunciadas organizadas delictivamente, que con sus conductas facilitan, promocionan e intermedian para suprimir a su verdadero origen biológico.
El conocimiento pleno y total de las denunciadas de las conductas desplegadas en cuanto a su ilicitud es la confirmación del elemento subjetivo (dolo) requerido por los tipos para su tipificación.
