La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de Emilio Casals, dueño del micro que sufrió un accidente en Brasil el 19 de abril del año pasado, donde fallecieron ocho mujeres. El hombre  está acusado de los delitos de falsificación y uso de documento apócrifos.
El accidente ocurrió el domingo 19 de abril del año pasado, alrededor de las 19:30, cuando el colectivo transitaba por la ruta BR-282, en el paraje Rancho Queimado, en el estado de Santa Catarina. El micro cayó a un precipicio de unos 60 metros, en una zona de curvas. Como consecuencia del accidente, ocho misioneras perdieron la vida y 16 resultaron heridos.
Según las investigaciones, el ómnibus tuvo un problema de freno, y en una zona de curvas pronunciadas, perdió el control y cayó al barranco. El lugar donde se precipitó el micro es de difícil acceso, con una tupida vegetación.
En noviembre del año pasado, el juez federal Claudio Chávez procesó sin prisión preventiva a Emilio Casals, dueño del micro accidentado en Paraje Rancho Queimado, Brasil, donde murieron ocho misioneras.
El magistrado fijó una caución de 20.000 pesos para que el dueño del colectivo "Emilio viajes" continúe en libertad hasta tanto se realice el juicio por los delitos de falsificación y uso de documentos apócrifos.
Luego, su abogado apeló la medida tomada por el magistrado, pero la Cámara Federal rechazó el pedido y confirmó su procesamiento.
Emilio Casals llegó al procesamiento sin declarar en el marco de la causa, que se le sigue luego del fatal accidente ocurrido el 19 de abril cuando el colectivo de su propiedad regresaba de Brasil con un contingente de personas que participó del "Abuelazo del Mercosur".
Sin embargo no se descarta que en los próximos días, Casals informe al juzgado su versión de los hechos tras un pedido de ampliación de declaración.
Las pericias realizadas en Brasil luego del accidente demostraron que el colectivo, un Megadic modelo 93, estaba en malas condiciones, los frenos no funcionaban correctamente, las butacas estaban mal acondicionadas, no contaban con cinturones de seguridad, entre otras irregularidades.
Sin embargo, Casals sólo es investigado por la falsificación y utilización de los documentos habilitantes para realizar viajes de la Comisión Nacional de Transporte (CNRT).
En forma paralela, en Argentina se inició una investigación para establecer de qué forma el colectivo traspasó la frontera. En un primer momento se habló de un "trámite turbio" realizado en el puerto de San Javier que permitía que el micro llevara a cabo estos viajes. Ante esto, el fiscal federal Tesoriero logró establecer que las documentaciones con las que contaba el colectivo eran apócrifas. Dichas falsificaciones se realizaron de una manera que no era difícil de percibirlas.
Si la causa es elevada a juicio y el propietario del colectivo es encontrado culpable de estos delitos, podría ser condenado de tres a ocho años de prisión.