Lo anticipó José Bereciartua, secretario general de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Estimó que el consumo continuará desinflándose al menos hasta fin de año. Destacó que el Gobierno nacional haya logrado frenar al dólar, pero advirtió que la alta presión fiscal, la suba de tasas y la inflación perjudican directamente al sector privado.
El titular de la entidad que nuclea a cámaras empresariales de todo el país afirmó que están llevando adelante reuniones con funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el objetivo de aplicar en forma efectiva “algunas herramientas que tiene el Estado que son muy útiles para disminuir la presión fiscal a través de la devolución de pagos por cargas salariales”, explicó que están pensando en utilizar dichas herramientas en zona de frontera, donde los empresario nacionales deben competir con comercios de países vecinos que pagan menos impuestos.
Se mostró optimista respecto a la posibilidad de que se instrumente algún tipo de paliativo para alivianar la presión fiscal de los empresarios que trabajan en blanco, pero reconoció que la negociación no será fácil porque “el Estado está necesitado de fondos”.
Calificó al actual escenario económico como “preocupante” para el sector comercial. Señaló que los reclamos más notorios tienen que ver con la presión fiscal, las diferencias con los países limítrofes, los problemas crediticios, la inflación y el comercio ilegal. Valoró que la Nación haya conseguido frenar el impulso del dólar mediante un incremento en las tasas de interés, pero advirtió que eso encareció el crédito, complicó las financiaciones y terminó retrayendo el consumo.
En relación a la discusión salarial, el dirigente empresario aseguró que el sector no tiene inconvenientes en incrementar los ingresos de bolsillo de sus trabajadores “ya que necesitamos que la gente tenga poder adquisitivo para poder comprar y mantener al comercio funcionando”, pero consideró excesivo el costo salarial argentino. “Para mantener un empleado de comercio que cobra 6.000 pesos de bolsillo, el empleador debe afrontar un costo de casi 12 mil pesos”, señaló.
