Escribe Juan Carlos Argüello, jefe de Redacción de Misiones On Line
La vorágine de los últimos días, con el drama de los saqueos y los muertos que se sumaron en varias provincias, parecen esconder en la eternidad del tiempo que todo comenzó en la mediterránea provincia de Córdoba, con un gobernador ausente que tuvo que admitir que no tomó dimensión del alzamiento policial hasta que fue demasiado tarde: zonas liberadas para el pillaje y barrios enteros asolados por bandas que se llevaban lo que podían en mano o hasta en lujosas camionetas, incluso con la complicidad policial.
El desborde no se circunscribió a la provincia gobernada por José Manuel De la Sota, sino que generó un inmediato efecto contagio, magnificado por la avidez de los medios de comunicación que apuran cualquier titular que desnude alguna flaqueza del Gobierno nacional, cuyo pecado fue haber jugado al distraído para hacer sufrir a uno de sus más acérrimos opositores.
Como De la Sota, tampoco tomó dimensión a tiempo de la gravedad del problema que se diseminó por todo el país dejando a su paso un dramático número de más de una decena de muertos. La protesta policial por un salario más elevado se diseminó como un reguero de pólvora y afectó a tirios y troyanos por igual. Resultado doloroso por las muertes y con un alto impacto en las finanzas públicas, obligadas a repartir más de lo que logran recaudar.
No se le puede achacar la infección únicamente a la dejadez de De la Sota. En los 30 años de democracia, que acaban de cumplirse, ningún gobierno se puso a analizar seriamente la problemática de la seguridad, los salarios y la estructura de poder de una fuerza que todavía tiene en sus entrañas muchos de los vicios autoritarios que remiten a la impunidad de la última dictadura. No son todas las policías y no son todos los efectivos, pero casualmente en donde el conflicto se hizo más agudo, operan efectivos que tienen oscuros vínculos políticos y relaciones con la delincuencia y el narcotráfico.
La ineptitud de De la Sota para sofocar la revuelta y la liviandad con que se enfrentó inicialmente el problema desde el Gobierno nacional, les revelaron a los mismos huelguistas una fuerza que hasta ahora no se había expresado con tanta naturalidad. Se dieron cuenta que tienen el poder para imponer condiciones, basado en el piquete con una 9 milímetros en mano. Esa es una fuerza claramente desestabilizadora, aunque ellos mismos no quieran hoy asumir el poder.
Gobernadores elegidos democráticamente tuvieron que salir a las apuradas a atender una protesta que no fue igual a ninguna otra: los que debían poner los límites eran los que los estaban rompiendo con total impunidad. Y el ejemplo no es edificador. Si los policías lograron aumentos que partieron del 30 hasta el 50 por ciento, ¿cómo negarle la misma aspiración a los gremios en las paritarias que deben iniciarse? Está claro que una huelga docente o de la salud no tendrá el peligroso impacto que una policial, pero las compuertas fueron abiertas y será difícil contener el desborde sindical.
Al cumplirse 30 años de vida democrática, la sensación que quedó flotando es que en la Argentina queda mucho por hacer para consolidarla. Dio la impresión de que en cualquier momento se le pueden imponer órdenes y condiciones con la extorsión de un baño de sangre o la amenaza de dejar hacer a delincuentes que de por sí gozan de buena salud. No fue peor, no hubo estallido, porque, a pesar de los que sueñan con un fin de ciclo anticipado, la situación social y económica está mucho mejor. La pobreza no es lo que era en el epílogo de los 90 y primeros momentos de este siglo y la inflación, aunque elevada, sigue estando controlada en parámetros más o menos estables, lejos de las hiper que arrasaron con todo en el alfonsinismo y el menemato. Pero no fue casual el momento elegido para prender la llama.
Es este quizás el mejor momento para que el gobierno federal tome la decisión de avanzar a fondo con una reforma que no sólo democratice las fuerzas de seguridad, sino que fije pautas de comportamiento y profesionalismo y defina una política salarial uniforme para todo el país, atendiendo las particularidades de cada zona y asistiendo a aquellas provincias que no puedan alcanzar un piso mínimo, tal como se hace con los sueldos docentes. No hacerlo implicará dejar libradas a su buena suerte a las provincias y potenciará las desigualdades. Hoy, un policía recién ingresado cobrará más que un docente o un médico, que se prepararon bastante más que un uniformado.
En casos como Misiones, donde el gobernador Maurice Closs anticipó la oferta salarial privilegiando sostener la paz social, el incremento ofrecido excede largamente las posibilidades financieras reales que tiene la Provincia. No se trata de un cálculo coyuntural, sino de un análisis que debe hacerse a largo plazo, porque las masas salariales, con el tiempo, no hacen más que crecer. Para graficarlo, el incremento acordado del 35 por ciento para policías y agentes penitenciarios, supera en 14 puntos el crecimiento de la coparticipación recibida en noviembre. Es decir, los gastos crecen más allá del aumento de los recursos. Un mes puede no pasar nada. Pero en un año, el agujero financiero puede ser devastador.
«No había otra alternativa que arreglar, no podíamos dejar que explote la crisis», admitió Closs, pero insistió en que la decisión se tomó sin tener los recursos en mano. “Los vamos a buscar, con mejor recaudación, seguro con una reforma tributaria y con ayuda nacional. Y no salgan a pedir lo mismo porque va a reventar el país”, les dijo a los demás gremios. Al mismo tiempo, advirtió que “la policía de Misiones debe saber que es la última vez en la vida que insinúa una cuestión de estas, porque una vez se va a quedar de un lado y la sociedad del otro lado y nadie debe someter bajo su poder y su fuerza al resto de la sociedad”.
Closs ya anticipó que una de las medidas en análisis para mejorar el ingreso de recursos es una reforma tributaria que podría apuntar al consumo. Es que en paralelo a los policías, se vienen las paritarias de los otros gremios y ninguno admite por ahora un piso inferior al 30 por ciento de aumento.
Está claro que uno de los disparadores del reclamo salarial de la policía es la inflación acumulada que carcome salarios, especialmente de quienes dependen de un monto fijo. Es ese el talón de Aquiles de la política económica que en estos diez años de kirchnerismo acumuló muchos puntos a favor, ahora en un segundo plano por el dilema sin resolver.
Poco eficaz fue la política impuesta por el ex hombre fuerte, Guillermo Moreno. El férreo control de precios que practicaba, no logró frenar las subas de numerosos productos. Pero el plan B que proponen economistas de la ortodoxia y repiten como loros los dirigentes de la oposición es mucho más doloroso para quienes no manejan los medios de producción: planchar el consumo, enfriar la economía y congelar salarios. La receta ya es conocida y fracasó estrepitosamente en los años del neoliberalismo. Fue el plan que llevó al país al borde de la disolución en 2001. Pero insisten.
La inflación no se arregla con acuerdos de precios para abaratar el costo de la mesa navideña. Alivia al bolsillo, pero el fondo es otro. Hasta ahora, el Gobierno denostado por ser el “enemigo” del capital privado y las inversiones, no tocó el núcleo duro de las ganancias empresarias. No ha ido a fondo en el análisis de estructuras de costo y formación de precios. Son cuatro o cinco grandes grupos concentrados, especialmente en el sector alimenticio, pero también en el sector industrial, los que dominan la cadena de valor de los principales productos. Y ganan fortunas privilegiando la suba de precios a la reinversión para ampliar la oferta acorde a un consumo que creció exponencialmente en los últimos años. La especulación sojera, que retiene la liquidación de granos esperando una devaluación mayor, es una muestra.
El mejor ejemplo, que sirve para cualquier materia prima en el país, es la yerba mate. El tarefero vive casi como en la época de los mensúes, con salarios de miseria y una pobreza estructural que se extiende por generaciones. El productor cobra tres pesos por el kilo de hoja verde. Después de pasar por secaderos y al llegar a la góndola, el paquete vale un promedio de 40 pesos. Intermediarios y supermercadistas, muchos que ni siquiera tributan aquí, se quedan con la porción más grande de la riqueza de la tierra roja. Termina afectado el consumidor, enojado con el Estado por la suba de precios que lejos está de ser real para los eslabones más bajos de la cadena productiva. Si no se corrige alguna vez esa distorsión, que eterniza las desigualdades, de poco y nada sirve un acuerdo de precios para contener la inflación. Los que tienen espalda económica, stockean productos a la espera de que suban los precios. Y venden más caro aunque el productor cobre lo mismo.
Tampoco es eficaz y equitativa la política aplicada para frenar la fuga de divisas. El recargo del 35 por ciento para las compras en el exterior afecta por igual al que se puede ir a Miami que al que con esfuerzo logra irse a alguna cercana playa brasileña. Claramente, es un tributo regresivo, como lo es el IVA en los alimentos: paga lo mismo el que compra un kilo de asado que el que compra un bien suntuario.
En 30 años de democracia mucho se ha avanzado. Pero también quedan cuentas pendientes que deben ser atendidas con urgencia. La clase política debe entender que las especulaciones coyunturales son legítimas en tiempo de elecciones, pero le hacen mucho daño a la sociedad cuando se ponen en juego los pilares básicos del sistema.
No es tiempo para hablar de candidaturas ni de arrimar un leño a la hoguera, como hicieron la diputada nacional Julia Perié, del peronismo k, que sueña con ser gobernadora, o el diputado Héctor Bárbaro, que además de alentar piquetes tabacaleros, en medio del conflicto policial, salió a pedir un bono de fin de año para los estatales.
En algún momento, la dirigencia debe entender que las decisiones de política económica y salarial son mucho más profundas que atender a un sector puntual de la sociedad. Quedan dos años para pensar en ofertas políticas, mientras tanto, Misiones cierra el año en un clima de paz.
