Un viejo reclamo limítrofe de los pobladores correntinos de la zona llegó a las altas esferas del gobierno nacional. Los caprichos del río Paraná hicieron que se achique la frontera norte de la Argentina y se viole un tratado internacional. El intendentemunicipal Octavio Valdez indicó que «Si no ponemos en claro la cuestión, dentro de 20 años vamos a tener que traer el portaviones 25 de Mayo para solucionar el problema».
[su_note note_color=»#cdcdcd»]El intendente Octavio Valdés denunció ante la EBY que diversos tramos del río Paraná y algunos riachos interiores de la isla Apipé se encuentran de hecho bajo control de la Prefectura paraguaya.[/su_note]Un conflicto limítrofe de vieja data entre Argentina y Paraguay, producido por la represa de Yacyretá, habría llegado por fin a las altas esferas nacionales, luego que la Comisión de Seguimiento de las Obras de la Cámara de Diputados escuchara los reclamos del intendente municipal de la localidad de Ituzaingó y de su par de la isla de Apipé Grande.
El intendente Octavio Valdés denunció ante el representante de la Cancillería argentina ante el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Carlos Emilio Houssay, que diversos tramos del río Paraná y algunos riachos interiores de la isla Apipé se encuentran de hecho bajo control de la Prefectura paraguaya, en violación a expresas cláusulas del Tratado de Yacyretá suscripto entre ambos países, en las que se establece claramente que las transformaciones que sufriera el curso de agua del Paraná debido a la acción de la represa de contención, no pueden modificar los límites originales fijados por el Derecho Internacional.
Valdez se refiere al tratado firmado por ambos países en el año 1856 y ratificado en 1876, el cual establecía que la frontera norte de la Argentina, es el brazo San José del río Paraná en el cual se encuentra el canal natural de la vía fluvial. Antes de iniciarse las obras de la represa hidroeléctrica, en el tratado que firmaron ambas naciones se establecía que los límites no se modificarían.
Con la construcción de la represa de Yacyretá el canal de navegación del Paraná varió del norte de la isla Apipé Grande al sur de la misma, quedando frente a las costas de Ituzaingó. Pero el límite entre la Argentina y el Paraguay sigue siendo el canal natural del río ubicado al norte de la Isla Apipé. Sin embargo por un informe erróneo del Instituto Geográfico Militar, del año 1993, se indicó que el límite era el canal principal de navegación.
Esto quita jurisdicción a la Prefectura Naval Argentina sobre las aguas adyacentes a la Isla Apipé Grande, Chica y de los Patos y los riachos interiores de las mismas, permite que la Marina Paraguaya custodie aguas que son argentinas.
Interrogado el prefecto de enlace, Prefecto Mayor Bruno, presente en la reunión sobre el particular y sobre la actitud tolerante asumida por la Prefectura frente a esta irregular situación, se limitó a responder que esta fuerza de seguridad actúa según «usos y costumbres» y siguiendo las instrucciones recibidas de la Cancillería argentina aunque deslizó la posibilidad de «un error», lo que motivó que el diputado Rubén Pruyas, integrante de la Comisión, puntualizara que la Prefectura Naval Argentina «está reconociendo de hecho, por acción u omisión, límites que no son los del Tratado Internacional vigente».
Ante esta situación los intendentes municipales, Valdez de Ituzaingó y José Ojeda de San Antonio de Apipé, solicitaron al embajador Houssay una audiencia con el canciller Rafael Bielsa y con el ministro del Interior Aníbal Fernández. Los legisladores sin embargo se inclinaron por realizar un pedido de informes a ambas dependencias nacionales y plantear una protesta para que se solucione el problema.
«Ahora tomamos el toro por las astas para solucionar el tema» dijo el intendente Valdez que, junto con la Cámara de Comercio de la Ciudad, realizó un informe que fue entregado al embajador y a los miembros de la Comisión.
Las principales quejas del polémico funcionario municipal son hacia la falta de Control de la marina paraguaya que según indicó «permite que se deprede la fauna ya que tenemos informes que se sacan 5.000 kilos de pescado por día» para el Valdez lo peor es que desde la EBY se paga un canon a la fuerza paraguaya para que custodie la fauna ictícola del río y «la verdad es que no hacen nada».
Con una mirada puesta en el futuro, Valdez sintetizó el hecho con fuertes palabras: «Sabemos que los paraguayos actúan con la política de los hechos consumados, si no ponemos en claro la cuestión de los límites, dentro de 20 años vamos a tener que traer el portaviones 25 de Mayo para solucionar el problema».
Investigan los reembolsos de exportación de la Represa
El juez federal Daniel Eduardo Rafecas, tiene ante sí el gordo expediente sobre las irregularidades en la construcción de la represa de Yacyretá, que en este caso consisten en los pagos de dudosa legitimidad con reembolsos de exportación, cuyo monto asciende a unos 1.500 millones de dólares.
La investigación acumula 20 cuerpos a lo largo de 17 años y, la cifra mencionada es la estimada por el principal impulsor de la investigación, Antonio Casabona.
Los reembolsos cuestionados beneficiaron a Eriday, un conglomerado de 32 empresas liderado por la italiana Impregilo y la francesa Dumez, dentro de las cuales, el porcentaje mayoritario de ellas, pertenece al grupo económico paraguayo cuyo principal accionista es el ex presidente de ese país Juan Carlos Wasmosy.
La Sindicatura General de la Nación (Sigen), presentó al respecto un informe demoledor, según consta en el expediente, contra el empresario Guillermo Arturo Henin, quien está procesado. Henin es el gestor de la cobranza de los reembolsos para el consorcio constructor Eriday. Henin, titular de la empresa Dicmar SA, declaró como imputado ante el magistrado anterior a cargo del mismo juzgado, Rodolfo Canicoba Corral, mediante la aplicación del «Código viejo». Henin pidió su desprocesamiento, pero la Cámara de Apelaciones rechazó la petición.
Con el criterio de favorecer presuntamente a la industria nacional como proveedora de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se otorgaron, dos décadas atrás, facilidades a los empresarios, tal como si la EBY fuera un país, por lo que una cantidad de insumos se beneficiaron con los reembolsos.
Sin embargo, como se prueba en el expediente, muchos de los insumos beneficiados con reembolsos no fueron siquiera de origen nacional sino extranjero. Primero eran ingresados a la Argentina y luego reexportados a la EBY.
El informe de la Sigen, entregado a Canicoba Corral el 15 de agosto de 2002 prueba ocho tipos de irregularidades aplicadas recurrentemente en la tramitación y cobro de los reembolsos, según el expediente. (Diario Época)
