La Provincia tiene 30 días para recabar la información y acceder a los beneficios que otorgue la Nación. Productores deberán informar por declaración jurada respecto a las pérdidas sufridas. Se verificará in situ cada caso. La medida regirá por 180 días y está sujeta a la evaluación de la comisión nacional de emergencia agropecuaria.
El mismo día que el gobernador Maurice Closs oficializó por vía de un decreto la declaración de emergencia agropecuaria en Misiones, la Nación incluyó a la provincia en la lista de jurisdicciones alcanzadas por la emergencia nacional.
El Gobierno que encabeza Cristina Kirchner ya destinó una primera partida específica de 500 millones de pesos para paliar los efectos de la sequía. En la provincia la emergencia regirá por 180 días y su vigencia está sujeta al análisis de la Comisión Técnica nacional.
Se autorizó al ministerio del Agro a gestionar ante la comisión nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios y otros organismos nacionales, todo tipo de asistencia financiera, esperas, exenciones y demás beneficios tendientes a mejorar la situación de los productores afectados.
El propio gobernador Closs explicó que “en un plazo de 30 días debemos adjuntar la información de cada zona y producción a los efectos de obtener los beneficios nacionales”.
Asociaciones del sector primario, como la que nuclea a los productores de las ferias francas, avanzan en un censo para tener datos precisos respecto a la cantidad de afectados y los porcentajes a los que ascienden las pérdidas.Estamos recorriendo las chacras para saber qué se perdió.
Se le pidió a cada una de las comisiones entregar en forma de declaración jurada los informes para tener números reales y estadísticas de la situación”, explicó Eugenio Kasalaba, representantes de la feriantes de Oberá.
La Provincia tendrá 60 días para verificar los daños que denuncien los titulares de las chacras, para incluirlos en las ayudas solicitadas a la Nación.
Declaración provincial
Más allá de los beneficios establecidos por la emergencia nacional, la declaración provincial formalizada ayer por Closs y que rige desde el primer día del año hasta el 1 de julio, establece la suspensión de procedimientos judiciales y administrativos promovidos a los fines del cobro de créditos a favor del Estado provincial, incluyendo entidades descentralizadas y autárquicas sea cual fuere la razón de esos créditos. La suspensión no podrá extenderse por más de 120 días corridos contados desde la finalización de la situación de emergencia o desastre agropecuario.
La ley también establece la unificación de todas las obligaciones, vencidas o no, que los productores mantuvieren con la Provincia o con los municipios que adhieran a la norma, a los fines de su conversión en únicas obligaciones con cada una de estas instituciones en las condiciones que determine la reglamentación y siempre que el estado de emergencia o desastre se prolongue en forma ininterrumpida por dos o más períodos agrícolas.
Asimismo, se espera por 120 días corridos para el pago del impuesto Inmobiliario, posteriores al vencimiento del estado de emergencia, contados desde que cesen los efectos de la situación de desastre y únicamente para el inmueble afectado. También se exime del impuesto Inmobiliario que se deba pagar en el año, en el caso de propietarios de una unidad económica, según zonas de actividad y si es explotada en forma personal o familiar.
Ya alcanza a seis provincias
El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, anticipó a los titulares de la Mesa de Enlace de entidades del campo que se dispuso extender la emergencia agropecuaria que ya beneficiaba a Buenos Aires y Santa Fe, a otras cuatro provincias (La Pampa, San Juan, Neuquén y Misiones), mientras Córdoba se sumará cuando complete su documentación. Precisos
Por otra parte, Yauhar asumió el compromiso de evaluar con el Ministerio de Economía y el Banco Nación el otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas para que para siembra y compra de insumos, entre otros destinos.
Se buscaría un mecanismo similar a los préstamos del Bicentenario que ya concedió el Gobierno a diversos sectores productivos con una tasa del 9,9%. «Ese es su compromiso», explicaron en Agricultura
La decisión oficial obedece a la situación de déficit hídrico en algunas zonas agrícolas, e implicará la exención de impuestos y la distribución de 500 millones de pesos de la partida específica.
A esos fondos se añadirán otros recursos y facilidades crediticias, precisaron los dirigentes del sector, tras reunirse durante más de tres horas con Yauhar.
