El Jurado de Enjuiciamiento, con miembros subrogantes, rechazó anoche los planteos de los jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey sobre los integrantes del Jury y ahora solo resta fijar fecha para el debate que puede terminar con la carrera judicial de ambos magistrados involucrados en el escándalo del espionaje telefónico.La reunión se inició a las 18 y culminó pasadas las 21, donde por unanimidad, se decidió rechazar in limine las recusaciones formuladas por Rey y Gallardo contra la abogada Mónica Drganc Fernández; por mayoría, rechazar las recusaciones contra los ministros Rubén Uset, Cristina Leiva, Rubén Zarza y César Santiago.

Por mayoría, rechazar se decidió rechazar la recusación de Gallardo contra Uset y Leiva y por unanimidad las recusaciones contra  Carlos Augusto Bobadilla y los diputados José Garzón Maceda y Oscar Redzuk. También por unanimidad, se rechazó la inhibición del ministro Jorge Rojas y se hizo lugar a la inhibición de Augusto Marquez Palacios, ya que su sobrino es Gregorio Busse, uno de los funcionarios judiciales involucrados en el escándalo de las escuchas.

Trascendió que de todos modos, la ministra Leiva presentaría una nueva inhibición. En el Jurado coincidieron en que las recusaciones respondían más a una intención de ganar tiempo para evitar que el juicio comience, ya que si no hay sentencia para el 20 de abril, el proceso se cae.

Se consideró que los motivos de las recusaciones no eran válidos, porque tanto los ministros como los integrantes del Jurado no hicieron más que cumplir con la ley de enjuiciamiento de los magistrados.

Gallardo y Rey están acusados de haber sido el enlace clave en un entramado de espionaje para espiar a empresarios, abogados y al dirigente de la AMIA, Sergio Burstein, en una causa que tiene detenidos al ex comisario Jorge Palacios -candidato a presidir la Policía de Mauricio Macri- y al espía Ciro James, contratado en el ministerio de Educación porteño.

El último hacía de enlace con un grupo de policías locales -también procesados- que pasaban a los jueces el listado de números telefónicos que debían ser intervenidos. El procurador Miguel Piñero, sostiene que los jueces nunca controlaron los datos para autorizar las intervenciones.