El diario de la capital del estado de Río Grande considera que a la falta de respuestas sobre el futuro y las indemenizaciones, preocupa a los habitantes de las ciudades que se verán afectadas. Dice que son cerca de 7.500 los vecinos de 19 municipios brasileños que están sorprendidos ante la falta de información y asegura que ambos países quieren comenzar la consrucción de las represas en Garabí y Panambí en el 2016.
Nacida junto a la barranca del Río Uruguay, la sosegada Garruchos, donde será la construcción de Garabi, tendrá gran parte de la población retirada en nombre del progreso y de la necesidad premente de energía en los dos países. Las informaciones preliminares, cuenta el alcalde Carlos Cardinal (PDT), son de que el 85% de la ciudad, donde vive un tercio de los 3,2 mil habitantes, quedará inundada. Ayuntamiento, iglesia, casi todo, a excepción de residencias localizadas en una parte más alta, será inundado. Incluyendo el área rural, más de la mitad de los garruchenses tendrán que dejar propiedades y encontrar un otro lugar para recomenzar la vida.
El sentimiento, de momento, es de contrariedad. Tenemos una serie de dudas. Doce años atrás, cuando construyeron la conversora de energía, prometieron progreso y asfalto, pero nada de eso vino. De hecho, falta luz en la ciudad y en el interior a toda hora; reclama Cardinal, refiriéndose a la estación conversora Garabi, la primera interligación internacional de gran porte entre Brasil y Argentina, que casi ningun retorno financiero y de impuestos dio al municipio de economía basada en la agropecuaria y en la pesca.
La resistencia sólo será amenizada, evalúa el alcalde, si la ciudad es beneficiada con compensaciones que resuelvan carencias como la falta de un hospital, acceso pavimentado y la reconstrucción de todo al borde del futuro lago.
Típica figura fronteriza, Evanir Liscano de la Rosa, de 46 años, es la personificaçión de la desconfianza. Dueño de un pequeño pedazo de tierra donde planta mandioca, maíz, caña-de-azúcar y cria vacas lecheras para el propio sostenimiento, oye hablar que perderá las seis hectáreas heredados del padre, y se queja de la falta de definición sobre cómo será indemnizados.
No tengo ninguna información, y nadie habló sobre cómo será la indemnización. Creo que va a ser la ruina para mí — resumía Rosa, mientras esperaba un barco para cruzar el río y comprar papas, cebollaa y aceite más baratos en el comercio del margen opuesto.
Algunos kilómetros río arriba, el municipio de Puerto Mauá será el más alcanzado por la segunda hidrelétrica, Panambi. En la ciudad, que también tendrá más de la mitad de la zona urbana tomada por el agua, la confusión es la misma.
— El pueblo está preocupado. No se sabe lo que se va a hacer con los afectados — protesta el presidente del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Tuparendi y Puerto Mauá, Cursiva Cielo, uno de los miles de agricultores familiares que tendrán que dejar el lugar donde crecieron.
Con muchas preguntas sin respuestas claras sobre cómo será la compensación de los impactos ambientales y sociales, el alcalde de la ciudad, Guerino Pedro Pisoni (PTB), también se muestra poco simpático a los prometidos megaempreendimentos:
Estamos con una posición un poco radical porque no tenemos información — justifica.
La figueira, hoy frondosa, plantada hace 15 años por el agricultor Nilson Roque Dawies debería tener el deleite de ver a los nietos jugueteaer allí. Nacido y criado en la pequeña propiedad de la localidad de Itajubá, a los márgenes de los ríos Uruguay y Santa Rosa, Dawies ahora tiene dudas sobre cuánto tiempo tendrá para aprovechar.
Si sale la construcción de la fábrica Panambi, sólo restará una pequeña isla nos 12,7 hectáreas donde él y la mujer Cirlei Heming Dawies, 54 años, se sostienen con la plantación de soja y maíz, de los árboles frutíferas y de la cria de pollos y vacas lecheras.
Vemos esa situación con mucha tristeza. Tardamos 35 años para montar la propiedad como es hoy. Y nuestro rumbo es incierto. Por más que la gente busque las informaciones, ellas no llegan — lamenta Cirlei, que acostumbra participar de los encuentros promovidos y aún realiza búsquedas por internet.
La queja de la pareja, que teien que ver con perder la convivencia de décadas con los vecinos se sea mudado a otro rincón, es la misma de quien teme estar pasando los últimos años en su suelo. Todo está en el aire y nada es confirmado.
Ni aún en Puerto Xavier, donde el consorcio de empresas brasileñas y argentinas montó un cuartel general que tendría como principal misión quitar las dudas de la población, la inconformidad es más pequeña.
Montaron una oficina comunicacional, pero no saben decir nada — lamenta el presidente del sindicato de los trabajadores rurales de Puerto Xavier, Eloi Becker.
Intentando asumir un papel de intermediador, el gobierno gaúcho promete realizar el próximo mes, en Porto Alegre, un encuentro reuniendo alcaldes y representantes de la Eletrobras.
Con la misma intención, fueron organizadas reuniones en las ciudades y con el Movimiento de los Alcanzados por Barragens (MAB). Aunque no esté formalmente envuelto, el Palacio Piratini demuestra preocupación.
Aún hay algunos puntos que para la población quedaron nebulosos, y eso genera preocupación — admite Marcelo Danéris, secretario-ejecutivo del Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES) del gobierno del Estado.
Para Danéris, gran parte de la desinformación aún es un efecto del proyecto antiguo para las hidrelétricas en el tramo binacional del Río Uruguay, que traería daños ambientales muy mayores de los previstos en la nueva plantilla.
Aunque apoye el emprendimiento, el Piratini también cobra la implantación de un proyecto de desarrollo regional, indemnizaciones justas y medidas que compensen las pérdidas.
Diario Zero Hora de Porto Alegre
