Argumentan que en un sistema democrático, la información pública "no es propiedad de los que la generan sino de los ciudadanos que, con sus impuestos, contribuyen incluso económicamente a su producción, por eso las normas deben ser claras y explicitas en lo que hace que tanto los Departamentos Ejecutivo como Deliberativos, los Tribunales de Faltas, las Defensoría del Pueblo, las empresas del Estado municipal si las hubiere y las privadas que reciban subsidios o presten servicios concesionados por los municipios".

Resaltaron que la publicidad de los actos de gobierno no es lo mismo que derecho de libre acceso a la información pública.

Explicaron que "a los primeros se los conoce a través de instrumentos tales como el Boletín Oficial que corresponda según la jurisdicción, el expediente judicial o la publicación de los fallos de la Corte, en su caso. El acceso a la información pública abarca toda la actividad estatal a las causas de toda decisión gubernamental es decir a los procesos y actos que dieron origen y fundamentos a las acciones, tales como estudios, pericias, recopilación de antecedentes, opiniones de expertos, dictámenes de organismos especializados oficiales o privados".

El Fopremi consideró que en esta etapa de definiciones de quienes tienen la misión de cristalizar los derechos fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía, "es necesario que los convencionales constituyentes tengan en cuenta lo trascendente de sus funciones legislativas y que son prerrequisito para el fortalecimiento de la democracia participativa en sus municipios".