El primer gran paso que dio la Provincia para la creación de un Mercado Consignatario de yerba marca la importancia de la decisión política por encima de las elucubraciones y los largos debates. En lugar de cambios en la ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate o el inestable camino de una nueva ley, el Gobierno provincial puso el dinero y armó la ingeniería financiera junto al banco Macro para poner a andar la maquinaria que busca proteger fundamentalmente al productor, pero también sumó incentivos para los industriales que apuesten a ganar nuevos mercados en el exterior, con aportes por cada kilo extra colocado en exportación. Ahora falta que el sistema se asiente y la Nación ponga más dinero para que funcione aceitadamente, pero el puntapié inicial ya está fuera de discusión. 

Cuando se habla de ingeniería financiera no se refiere a complicadas fórmulas matemáticas, si no al ingenio agudizado. El Estado pone al servicio del Mercado Consignatario los mismos 20 millones de pesos que aportaba en los últimos años a cooperativas para financiar la cosecha. La entidad financiera oficial, pone 60 millones con esos 20 de garantía y el Inym, hasta ahora reacio a poner dinero real a favor de los productores, pondrá otros diez, que servirán para cubrir la tasa de interés del banco.

“Me han escuchado decir que para hacer un mercado consignatario, no hacía falta una ley, si no plata y decisión política. La ley existe, como tantas otras y no se hace operativa sin voluntad política y recursos y menos en este caso, cuando es de mercado, financiera”, aclaró el gobernador Maurice Closs en la presentación del Plan Integral de apoyo a la producción yerbatera. “Podría haber una ley, pero lo que hizo falta fue la decisión política, que la tiene la Renovación y una muestra de como debe relacionarse del Estado con el agro, como lo viene haciendo desde 2003”, insistió el mandatario.

Con la puesta en marcha del Mercado Consignatario, los pequeños productores y las cooperativas tendrán respaldo para reclamar el precio convenido y eso a la vez, empujará la suba de precios. Como plus, es dinero que quedará en Misiones. Sin embargo, queda para el análisis posterior, alguna herramienta de actualización de las tasas para compensar el costo financiero. Si se mantienen congeladas las tasas, en el corto plazo, la suba de precios licuará los fondos.

La decisión política del gobernador fue destacada por los productores que desde hace años vienen peleando por una herramienta que los proteja. También los industriales, como Ramón Hreñuk o Miguel Sniechoswki, resaltaron el incentivo a las exportaciones, y el acompañamiento del Gobierno al reclamo de subas en el precio en góndola.

El último eslabón de la cadena fue incluido también en el plan integral. Se firmó un convenio con la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones, para realizar un censo provincial de tareferos, que permitirá contar con datos certeros para asistirlos desde el Estado.

La visión integral de defensa de la producción misionera fue expuesta por Closs también en defensa de los tabacaleros, ante la media sanción que dio el Senado a una ley antihumo, que puede afectar severamente a miles de plantadores misioneros. La ley, para el senador Eduardo Torres, el único que votó en contra, es una avanzada para aprobar el Convenio Marco para el Control del Tabaco que apunta a eliminar las plantaciones. “Las leyes restrictivas no cambiaron nada con el alcohol y las drogas e incluso aumentó el consumo”, dijo Torres, quien, cual Quijote, fue el único que se opuso. En cambio, Elida Vigo y Luis Viana, acompañaron la iniciativa.  La ley sancionada apunta un “tratamiento integral de todos los aspectos relacionados con la elaboración, comercialización y consumo de los productos elaborados con tabaco” y es un texto alternativo a la aprobación del Convenio Marco de Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que Argentina suscribió, pero que aún no fue ratificado.

Closs ratificó su postura contraria al debate en el Congreso y le pidió a Alberto Sileoni, ministro de Educación de la Nación, quien estuvo en Misiones para el festejo del 70 aniversario de Dos de Mayo, que cuente en Buenos Aires el uso que se le da al Fondo Especial del Tabaco y los 15 mil productores minifundistas que desaparecerían con leyes restrictivas. “En este modelo de producción nuestro, la producción de alimentos, el desarrollo forestal con agregación de valor, muchas cosas vienen de la mano del Fondo Especial del Tabaco”, aseguró Closs.

Otro eslabón de la producción, el forestal, superó esta semana un nuevo conflicto, en lo que ya resulta una secuencia de agresiones a la empresa Alto Paraná, despertando numerosas hipótesis.

La principal compañía de Misiones viene siendo golpeada por el proyecto de “uso social” de sus propiedades, gestado por el diputado ultrarovirista Ricardo Maciel.  Ahora,  después de varias semanas de conflicto por diferencias con Aruba SA, 16 trabajadores de esa empresa de servicios forestales levantaron el piquete que realizaban en el acceso a una de las Plantas de Alto Paraná en Puerto Esperanza, tras la mediación del Ministerio de Trabajo. La serie de versiones desatada en torno al proyecto de Maciel hasta motivó gestiones de otro funcionario del riñón rovirista, el titular de la Dirección General de Rentas, Miguel Arturo Thomas.

De interés público

Hoy la mayoría opositora está ensimismada en su pelea con el Gobierno, aún a costa de ser funcional a grupos económicos. La sobreactuación de algunos dirigentes antik en defensa del grupo Clarín y del monopolio de la producción de papel prensa en el país, evidencia los intereses primarios: ser bendecido por las tapas y editoriales, antes que debatir las cuestiones de fondo.

La iniciativa de la presidenta Cristina Fernández de declarar de interés público la producción de papel de diarios y que la Justicia investigue si hubo delitos en la compra de las acciones de Papel Prensa por parte de Clarín y la Nación a la familia Graiver, no es un tema menor. En el primer caso, el control de la producción de papel de diarios, como lo admite el gran diario argentino, permite controlar la información y los diarios rivales o del interior pueden dar fe de ello: pagan un costo superior por el insumo y no pueden competir en igualdad de condiciones. En el segundo caso, si, como denuncia Lidia Papaleo -la esposa de David Graiver, secuestrada, torturada y violada durante la dictadura-, fue forzada a vender sus acciones por los militares, que se asociaron con Clarín, La Nación y La Razón, se trata de delitos de lesa humanidad que no prescriben. Como mínimo, los representantes opositores deberían analizar la situación, antes que salir a cuestionar la voluntad del Gobierno. Que en más de 30 años no se haya hecho nada, no quiere decir que no haya nada que investigar.

La maniobra presidencial de girar el caso Papel Prensa a la Justicia y derivar al Congreso la definición sobre el interés público de la producción de papel de diarios, descolocó a la oposición. “Para nosotros no es prioridad”, afirmó el jefe del bloque radical de la Cámara alta, Gerardo Morales, que manifestó que desde su partido no van a dejar “que se modifique la agenda de la oposición”.

El Congreso se muestra abroquelado para avanzar en todas aquellas cuestiones que afecten de alguna manera al Gobierno y sobre todo a las finanzas. Ante el vencimiento de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, se ha reactivado la discusión por la reducción o eliminación de las retenciones, pero cualquiera sea el proyecto que se trate, el contexto económico-político en que se va a desarrollar la discusión es muy diferente al momento en que se pretendió aprobar la recordada Resolución 125.

El cambio de contexto político y económico responde a la creación del denominado Fondo Federal Solidario (FFS) en marzo de 2009, que en la práctica implica la coparticipación automática a las provincias del 30 por ciento de la recaudación de los derechos de exportación al complejo sojero. Si ante una baja de retenciones el Ejecutivo elimina el FFS, las provincias resignarían 5.670 millones anuales, es decir más del 80 por ciento de lo que perciben actualmente. A eso hay que sumarle la misma diáspora opositora, hoy más dividida que cerca de armar algún proyecto común y con la desconfianza como única cohesión.

En Misiones no se habla demasiado de candidaturas, pero a la idea inicial del senador Eduardo Torres, otras voces señalan que el Gobernador debe buscar su reelección, como intendentes, incluso los de extracción justicialista. Desde la oposición admiten que no hay demasiadas herramientas para un triunfo provincial y que lo mejor es posicionarse para pelear por las bancas de diputados. El ex gobernador Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, quien aspiraría a ser senador, asegura que “se viene fuerte el radicalismo” y cree que sumará más legisladores. Pero admite que si Closs busca su reelección, la Renovación ganará cómodamente. En el peronismo, el senador Luis Viana señala que su misión es “unir al partido” de cara a 2011 y que “se debe dejar de lado” los personalismos. Pero él mismo se piensa nuevamente como candidato, aunque habría un acercamiento con Ramón Puerta para colocar a un tercero de “consenso”.