La crisis que se desató en la provincia de Buenos Aires por el rojo financiero de 2.500 millones de pesos hubiera sido una bomba en cualquier otra provincia. Sería algún caudillo díscolo que no sabe manejar la billetera. En cambio, el descalabro se percibe únicamente como una puja entre Nación y Daniel Scioli, el gobernador que coquetea con lanzarse como candidato presidencial en 2015. Nadie es inocente en el contexto. Un rojo de 2.500 millones no surge de la noche a la mañana. El Gobierno nacional debía haber sido alertado y el de Buenos Aires, evitado esconderlo debajo de la alfombra. Quizás las cordiales relaciones que recién parecen haberse roto, hicieron que nadie advirtiera de la situación hasta que se hizo incontrolable. Quizás no hubiera sucedido nada si nuevamente el Gobierno nacional iba en auxilio.

Es también un buen ejemplo para dimensionar modos de pensar. En definitiva, la crisis de Buenos Aires es un golpe a la política, porque los dirigentes están trasladando sus problemas de gestión, a la sociedad. Los maestros, policías, enfermeros, son los que estuvieron a punto de cobrar sus salarios en dos o tres partes. Las rencillas y egos que esconden malas administraciones, hacen mella aquí en el bolsillo familiar. No hubo, como bien hizo notar el juez que ordenó pagar los salarios en una única vez, gestos de austeridad previos. No es una historia que no sea conocida en la Argentina.

Lo cierto es que Buenos Aires desde siempre mama los recursos federales como si fuera la única boca que hay que alimentar. Es histórica la puja. Desde la época de la Independencia, Buenos Aires se pretendió el corazón de la Argentina y merecedora de todos los beneficios. Si bien es cierto que concentra una gran cantidad de población y mucha migración interna, no lo es menos que si las provincias no cedieran tanto dinero a su favor, no se haría necesario buscar allí un mejor destino personal.

Con el paso del tiempo, la situación empeoró para las provincias. En 1991, se creó el Fondo Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, como una de las condiciones que Eduardo Duhalde le impuso a Carlos Menem en 1991 para aceptar renunciar a la vicepresidencia y presentarse como candidato a gobernador del PJ. El presupuesto del Fondo es el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias. En 1992, cuando se creó, eran 300 millones. La expansión en la recaudación de ese gravamen elevó el total a alrededor de 600 millones de pesos anuales. Menem, que necesitaba el apoyo de Duhalde para su reelección, en 1995 prorrogó la vigencia del Fondo pese a los reclamos del interior por un trato igualitario. Para morigerar la presión, se congeló el fondo en 650 millones anuales.

Misiones resignó mucho dinero en beneficio de Buenos Aires, e incluso antes, con “pactos” en los que siempre cedía puntos de coparticipación, primero con el radical Ricardo Barrios Arrechea y después con Ramón Puerta. Se estima que se dejaron de percibir 1.800 millones de pesos anuales, un total de 20 mil millones de pesos en los últimos 20 años.

El gobernador Maurice Closs lo había expresado el año pasado. “Misiones recibe 1.200 pesos menos per cápita por año que el resto de las provincias de la región y 1.600 pesos menos si se hace el promedio del NEA y el NOA”, explicó.

“Son 1.200 ó 1.300 millones que perdemos de recibir al año. Imaginen lo que podríamos hacer con ese dinero. Por un principio de igualdad ante la ley, debemos plantearlo, porque de otro modo, parece que la salud o la educación de un misionero vale menos que la de un chaqueño”.

Es, claramente, un problema de fondo. Es necesaria una corrección profunda del sistema de reparto de los fondos federales, donde se contemplen recursos para atender necesidades como pobreza y educación y que atiendan al crecimiento de la población y la economía.

También es un problema de gestión. Scioli, quien transcurre por su segundo mandato, nunca se acordó de plantear una discusión de la coparticipación, en esa concepción unitaria de la visión de un país. Únicamente ahora, asfixiado por su propio déficit, busca que la Nación vuelva a “compensar” a la provincia de Buenos Aires. Nada ha cambiado demasiado aunque los interlocutores sean otros.

Pero desde la gestión, además, se puede hacer las cosas bien. Misiones, con la sangría de recursos, no se quedó en los lamentos y tampoco se sentó a esperar que la Nación sea generosa. Primero se aplicó una férrea política fiscal, con el cobro de Ingresos Brutos al sector industrial, sector que fue beneficiado en los 90 con una exención que le costó a la provincia más de 800 millones de dólares sin generar ningún beneficio visible: no se generó más empleo y la pobreza fue creciente durante la última década del siglo pasado.

En paralelo se tomó la decisión de no gastar por encima de los recursos, política que se mantiene desde 2003, primero con el gobernador Carlos Rovira y ahora con Closs. “Tenemos que ir con nuestro deber interno hecho, y qué mejor que presentar un esquema solvente, inteligente y moderno de perfil fiscal que permite tener sus propios recursos”, es la idea de Rovira.

Por eso, escuchar ahora a funcionarios del gobierno bonaerense que en medio del ajuste para poner en orden sus cuentas, dicen que “no se hará ninguna obra que no tenga recursos garantizados”, no es un mérito. Debería ser así siempre.

Si esa política se hubiera adoptado en tiempos de crecimiento robusto de la economía, Buenos Aires y otras provincias no tendrían problemas serios ahora, cuando el crecimiento es menor.

Misiones, por caso, pudo pagar sueldos y aguinaldos y no detuvo el ritmo de obras públicas, pese a que la coparticipación  se redujo tres por ciento en relación al primer semestre del año pasado. También cayó 30 por ciento el ingreso de recursos del Fondo de la Soja. Hubo antes austeridad y desde hace bastante tiempo, se gasta en función de lo que se tiene.

Aquí entra a tallar una visión de la economía. Mientras la ortodoxia impone ajustes en los principales países europeos para alcanzar ficticios superavits fiscales, en Argentina -y en Misiones- particularmente, el Estado mantiene un rol clave incentivando la inversión a través de la obra pública o créditos como los lanzados para la construcción de viviendas o los jubilados. El superavit fiscal no debe ser un fin en sí mismo. Una cosa es un déficit fiscal con endeudamiento o para pagar deuda y otra que no haya equilibrio, pero que los recursos se vuelquen al desarrollo de la economía. Hoy Argentina está desendeudada y, aunque con un margen menor por el retroceso económico, puede decidir sobre sus  recursos para seguir moviendo la economía.

El mercado, sin controles, ha demostrado que no es eficaz para crear empleo y desarrollar inversiones. Por eso mismo es el Gobierno el que empuja a los bancos a otorgar préstamos: los 20 principales bancos privados de la Argentina tendrán la obligación de otorgar préstamos para inversiones en la producción de bienes y servicios a tasas de interés fijas y a plazos no menores de tres años, según una medida que anunció la presidenta Cristina Fernández.

El directorio del Banco Central fijó que la línea alcanza a todas las entidades financieras que cuenten con más del 1 por ciento de los depósitos totales del sistema; deberán ser otorgados antes del 31 de diciembre; el 50 por ciento del monto será dirigido a pymes; la tasa es fija y el plazo mínimo será de 3 años. La estimación oficial es que esta nueva línea de financiamiento permitirá aplicar, en lo inmediato, un piso cercano a los 15.000 millones de pesos para estimular la inversión, cuyo objetivo será la adquisición de bienes de capital y la construcción de instalaciones necesarias para la producción de bienes y servicios.

Claramente, una mayor inversión aumentará la oferta de productos y pueden bajar los precios, una forma mucho más productiva de enfrentar a la inflación que enfriando la economía.

El mismo concepto expuso el gobernador Maurice Closs en el seminario para empresarios organizado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Planteó la idea de volver a tener una banca pública “que por lo menos sea regional y repensar un armado financiero con los costos de estos tiempos”.

Además, el Gobernador afirmó que la economía no tiene el mismo vigor que en 2011  “pero eso no implica que tengamos una crisis en puerta” y aseguró que todo dependerá de “las expectativas que le pongamos”, explicando que “todos están cuidando su mercado interno, y nosotros debemos cuidar el mercado interno de la Provincia de Misiones”. Las diferencias son claras. Se mantendrá el rumbo de inversiones, pero sin excederse por encima de los recursos disponibles.