“Es tiempo de cuidar el empleo y de administrar los recursos sin quejarse tanto”. El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Abal Medina asegura que la crisis financiera que ahoga a varios países no impactará severamente en la Argentina, pero admite que, con un crecimiento económico a una tasa inferior a la que se registraba, habrá problemas y que las provincias pueden sentirlo. Ya lo percibieron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Mendoza. Misiones se mantiene todavía en calma y el Gobierno nacional toma nota de ello.

El gobernador Maurice Closs coincidió en  pedir a los 75 intendentes de Misiones “una enorme responsabilidad fiscal” ya que “las acciones realizadas las hacemos con recursos que no caen del cielo, sino que salen de la política fiscal y tributaria”.

El mandatario recordó que “de cada 100 pesos que  recauda Misiones, 25 vienen de los impuestos provinciales y 75 vienen de la  Nación”. “La política no es para caer simpático solamente sino para tomar decisiones que beneficien a toda la comunidad y no a un sector o al que más voz tiene en la prensa”, sentenció Closs.

Es que es sencillo gobernar con arcas llenas. Es cuando los tiempos de bonanza se acaban cuando relucen las buenas administraciones.

Y es en estos tiempos cuando puede apreciarse la calidad de los gobernantes y sus intenciones. Ahora salen varios a cuestionar la ley de coparticipación federal y el reparto de recursos entre las provincias. Llamativamente, las acciones que más repercusión tienen en los medios, son aquellas impulsadas por las provincias más beneficiadas por la distribución en la Argentina. El cordobés Juan Manuel De la Sota llama a romper con el Pacto Fiscal con la Nación y el mendocino Francisco Pérez pide discutir un nuevo sistema de coparticipación. El líder del cordobesismo, quien aspira a ser presidente alguna vez, hace gala de un individualismo que no se condice con un pensamiento nacional.  El segundo, quien busca su reelección, es kirchnerista, pero con serios problemas de gestión. Se suma a ellos el socialista Antonio Bonfatti, de Santa Fe, también con severos problemas financieros, que no se condicen con la imagen mostrada en campaña por su antecesor, el aspirante presidencial Hermes Binner.

Sus planteos surgen ahora, cuando sus administraciones están más comprometidas por un flujo menor de fondos, pero no lo plantearon nunca cuando recibían niveles record de dinero. Es un federalismo que sólo declaman cuando se sienten afectados, es un federalismo que esconde un profundo unitarismo. Ninguno de ellos plantea revisar con equidad la situación de las provincias, como sostiene desde hace tiempo Misiones, una de las más perjudicadas históricamente el reparto federal, por debajo de las demás provincias del NEA, con menor población y una actividad económica inferior.

Sin dudas que hay que revisar el modo de reparto de fondos entre las provincias y la Nación, pero con un debate racional, no apurado por rojos financieros, sino que contemple realidades sociales, crecimientos económicos y que también condene a quienes se exceden en sus gastos. Sino, es un dilema planteado pour la galerie. Desnuda nada más que intenciones políticas.

La situación que traza Closs en relación con los intendentes, es idéntica a la de estos gobernadores y la Nación. Nadie quiere asumir el costo político de recaudar más y administrar sin el derroche de la promesa de campaña.

“Es fácil esperar que el Gobierno provincial haga las obras, que el Gobernador ponga la cara para subir un impuesto y luego el Intendente – del pueblo que sea – se hace el distraído y se ofende, pero a la vez te está pidiendo recursos”, criticó Closs en uno de sus últimos actos. “Siempre quiero cubrir las necesidades y las demandas de los pueblos, pero también quiero que los pueblos tengan sus necesidades satisfechas producto de su propia recaudación. Lo que no acepto es la actitud artera de querer que pague el costo político el Gobernador y con el costo político que paga el Gobernador y con la plata que recauda, pedirle que haga la obra en el pueblo”, explicó.

Con la Presidenta sucede lo mismo. Los gobernadores comienzan a exigir ahora por más recursos, pero son pocos los que tienen sus cuentas en orden y cuidaron el dinero cuando llegaba en abundancia. Daniel Scioli tardó dos períodos de gobierno en aplicar un revalúo inmobiliario en Buenos Aires, donde se concentra buena parte de la patria sojera, que gana millones en las mejores tierras del país.

Scioli reclama ayuda a la Nación, Macri le echa culpas y varios más quieren deshacerse del sistema federal.

El peor ejemplo es Mauricio Macri, que no puede resolver siquiera un conflicto en el subte porteño y su única respuesta a un paro de más de una semana es plantear un nuevo aumento del boleto. Es decir, cargar toda su ineficiencia en el usuario, sin ninguna alternativa.

Sin embargo, es la presidenta Cristina Fernández la que asume los costos de enfrentarse al campo, animarse a recuperar YPF o administrar los fondos de la Anses para mantener viva la economía. Todo eso ante las más duras críticas de los principales sectores económicos que se fueron quedando sin privilegios en los últimos años.

Fue gracias a la política económica aplicada en los últimos años que el país pudo salir adelante con un crecimiento inédito en la historia y un desendeudamiento que envidian los principales países del mundo. Solo así pudo comenzar a saldarse la brutal deuda interna, con millones de personas que estaban olvidadas por el sistema.

La orientación cambió. El liberalismo extremo de los 90, el corralito y corralón de Cavallo y De la Rúa que antecedieron al estallido social deben ser recordados como malas experiencias. Todavía persisten algunos de sus efectos, pero terminó de pagarse una de las herencias más pesadas de ese modelo con la cancelación de los Boden 2012.

Las prioridades son otras en la Nación y en Misiones. Y esa determinación en cambiar el orden es lo que irrita a quienes antes estaban primeros.

Misiones destina desde hace un buen tiempo más de la mitad de sus recursos a las áreas sociales y al desarrollo de la economía interior. Sin embargo, sorprende la línea argumental de la oposición que cuestionó supuestos gastos reservados que no son tales. Los gastos reservados ya no están desde hace tiempo en el Presupuesto, pero dirigentes opositores confunden elementos técnicos que no serían problema para un estudiante de primer año de Contabilidad. Aseguran que los gastos reservados son lo mismo que los de funcionamiento, que en rigor, son 800 millones destinados, por ejemplo, a la compra de insumos básicos de las áreas como salud, educación o seguridad. Peor aún, la redacción del proyecto girado a la Legislatura es casi idéntica a la del año pasado, cuando nada dijeron.

Por eso no debe sorprender el reto del Gobernador a sectores empresarios, como el de la madera, que ante el primer atisbo de una retracción de sus mercados, achican costos por el lado más sencillo, con el despido de trabajadores. O reclaman por supuestas caídas de mercados y exportaciones con datos que no coinciden con sus facturaciones, al mismo tiempo que piden más ayuda del Estado. Empresas que hacen de la responsabilidad social su carta de presentación, no la muestran cuando más hace falta.

La solicitada con que la empresa Tipoka denunció “inseguridad jurídica” es otro ejemplo. En sociedad con el grupo Zbikoski, que en lo que va del año recibió más de cien millones de pesos en subsidios sin siquiera mostrar sus números reales, la firma disparó por elevación para trasladar sus propios problemas empresarios. Esconde sus costos y pide que sea el Gobierno el que solucione sus conflictos de larga data con los trabajadores, que habrían derivado en atentados contra algunas unidades. El grupo empresario del transporte capitalino es uno de los de mayor facturación en la Argentina, en buena parte gracias a su núcleo de negocios en Misiones.

El nuevo escándalo en el sector yerbatero por las estampillas clonadas que el Instituto Nacional de la Yerba Mate tardó más de un mes en admitir, también generó fuerte rechazo en el Gobierno. Millones de pesos se destinan año a año a proteger a los trabajadores de la yerba, a sostener el precio del producto y a solventar a cooperativas. Hasta ahora, el organismo rector de la actividad, no dio muestras de autosuficiencia para cumplir con su tarea.

No se trata únicamente de una o más partidas de estampillas duplicadas. Lo que más preocupa es la displicencia con que se manejó el tema. Un mes después de haberse denunciado recién citaron a la empresa responsable de la impresión de las estampillas. Después de la explicación, fue muy llamativa la rapidez con que quedaron convencidos la mayoría de los directores, de que solo se trató de un “error humano”. Al unísono aceptaron las disculpas representantes molineros y productores.

Para el Gobierno, las explicaciones no fueron convincentes. El ministerio de Agricultura de la Nación presentó una denuncia en el Juzgado Federal de Posadas para que se investigue si hubo otras partidas mellizas y la secretaría de Comercio Interior también enviará inspectores al INYM. La oficina de Guillermo Moreno ya se enfrentó con el sector industrial por los números exhibidos y esta es una buena oportunidad para meterse de lleno a analizar números, ganancias y costos. 

En paralelo, en la Cámara de Diputados de la Provincia se presentó un proyecto que plantea la intervención del INYM que comenzará a ser analizado en comisión.

Es que las estampillas clonadas permiten blanquear en el mercado yerba comprada en negro y al mismo tiempo, evitar el pago de impuestos al fisco. La empresa que denunció las estampillas clonadas actuó de buena fe y advirtió la irregularidad. Pero nadie está seguro sobre la existencia de otras partidas que pudieron haber caído en manos inescrupulosas. Lo más probable es que se termine el vínculo con la firma Chozas SA.

Aun suponiendo que solo se haya tratado de un error humano como se excusó la empresa y como aceptaron en el directorio, nadie puede dudar a esta altura de la ineficiencia del INYM para custodiar a todo el sector yerbatero. Se mantienen inequidades y los más vulnerables siguen siendo productores y tareferos. El esfuerzo del Gobierno en volcar ingentes recursos al sector, no tiene el necesario acompañamiento de un organismo más preocupado por hacer campañas de marketing que en poner equilibrio entre todos los actores.